El exgerente del Plan Bahía Competitiva para la reindustrialización de Cádiz, Antonio Perales, ha negado que tenga la "condición de imputado" o le haya sido atribuida la comisión de ninguna "actuación ilícita e irregular" y ha aclarado que declaró el pasado miércoles ante la Policía Nacional en Sevilla durante "poco más de dos horas" para "aportar información" sobre su "labor profesional" al frente del Plan Bahía Competitiva sin estar "en ningún momento privado de libertad".

Perales se ha pronunciado de este modo en un comunicado en relación a su presunta implicación en un fraude en las subvenciones destinadas a la creación de empleo vinculadas al Plan Bahía Competitiva y por las que según informaciones periodísticas publicadas este viernes habría sido imputado tras declarar esta semana ante la Policía.

En la nota remitida a Europa Press, Perales asegura en primer lugar que no tiene "la condición de imputado en ninguna causa" ni tampoco se le ha "atribuido la comisión de ninguna actuación ilícita o irregular" y explica a continuación que se desplazó el pasado miércoles "a prestar declaración en la Jefatura Superior de Policía, a fin de aportar información sobre mi labor profesional como gerente de Bahía Competitiva".

"La declaración duró poco más de dos horas y en ningún momento estuve privado de libertad", añade el exgerente del Plan Bahía Competitiva, que subraya que respondió "a todas las preguntas planteadas por la Policía" y se ofreció a "aportar cuanta documentación estuviera a mi alcance para esclarecer el asunto que se está investigando".

Por último, Perales destaca que ha "estado trabajando durante los últimos 27 años en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), guiado siempre por el cumplimiento estricto de mis obligaciones y el servicio al bien común" y comunica que se reserva "el derecho de iniciar acciones judiciales contra quien denuncie hechos falsos sobre mi persona".

La declaración del exgerente estaría enmarcada en la investigación del Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz, a favor del cual se inhibió el juzgado coruñés que ordenó la detención, entre otros, del empresario gallego Manuel Alejandro Dávila Ouviña, quien se encuentra en prisión preventiva por su presunta implicación en los hechos.

El Plan Bahía Competitiva tiene vigencia de 2007 a 2013 y, según las investigaciones llevadas a cabo por la Policía, el presunto fraude detectado tendría un alcance de 21,5 millones de euros.